En el año de 1985 en Bogotá la capital de Colombia, un país
tercermundista del continente suramericano, hubo una toma guerrillera del
palacio de justicia, que se convirtió después en una masacre. El grupo
guerrillero que se tomo esta institución del estado fue el M-19, que traduce
movimiento 19 de abril, y fue en los días 7 y 8 de noviembre del año nombrado.
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| Coronel Alfonso Plazas Vega, 1985 |
La justicia Colombiana está tratando de esclarecer los hechos ocurridos
ese día, dándole así una explicación clara a los familiares de los
desaparecidos, se investiga principalmente al coronel al mando de la operación,
a los ministros y al presidente de la época.
El pasado fin de semana el tribunal superior de Bogotá confirma la condena de 30 años de prisión al
coronel retirado Alfonso Plazas Vega, acusado por el cargo de desaparición
forzada de dos personas, la ex guerrillera Irma Franco y el administrador de la
cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera, el día 7 y 8 de noviembre de 1985 en
la toma del palacio de justicia.
El tribunal además ordeno darle responsabilidad al ex presidente de la republica en esa época, el señor Belisario Betancourt, a
través de La Corte Penal Internacional, lo que lo llevaría a hacer un acto
público de perdón.
El fallo por parte del tribunal para este caso, no solamente condena al
coronel retirado sino que además obliga al ministro de defensa y a todos los
comandantes de las fuerzas militares que participaron ese día, a pedir perdón
públicamente por los delitos cometidos el 7 y 8 de noviembre de 1985.
La rama judicial del estado viendo la magnitud de los hechos y la
cantidad de información que aún falta por investigar ordeno a la fiscalía
general de la nación un grupo especializado que se encargue específicamente de
atender cualquier proceso que se presente y que tenga que ver con la toma del
palacio de justicia.
Las 9 personas que están presuntamente desaparecidas de las cuales la
investigación no ah dados resultados claros, el tribunal ordeno recolectar mas
evidencia y aclarar si realmente están desaparecidos o si hacen parte del grupo
de cadáveres que fueron encontrados y evacuados ese día.
Algunos de los familiares de los desaparecidos dieron declaraciones para
los medios de comunicación, donde expresaban que sentían que se estaba haciendo
justicia con este caso, pero que aun así lo que más anhelan es poder resolver
la situación de sus familiares y saber en verdad que fue lo que sucedió con
ellos.
El ministerio Publico se pronuncio acerca del tema diciendo que el
tribunal superior de Bogotá cometió un grave error al condenar al coronel
Plazas Vega, ya que no se tuvo en cuenta requisitos previamente planteados para
la atribución del delito de desaparición forzada, por el cual es condenado, la intención y la acción.
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